La tarde de este jueves 4 de abril, Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum, emitió una preocupante alerta sobre la situación del concentrado de cobre almacenado en sus instalaciones desde el cierre de la mina. Según la empresa, el prolongado almacenamiento ha generado un aumento en el secado y reacciones químicas que producen gases peligrosos, elevando las temperaturas y representando riesgos significativos para la salud, la seguridad y el medio ambiente. Ante esta situación, la empresa enfatizó que es crucial trasladar el material de forma inmediata para mitigar estos riesgos.
En consonancia con esta premisa, Minera Panamá propone la exportación del concentrado de cobre almacenado como medida urgente. Los ingresos generados por esta exportación se destinarían a financiar un plan integral de preservación y gestión del sitio, con un costo estimado entre $15 millones y $20 millones mensuales.
Esta propuesta no es nueva, ya que previamente el procurador de la Administración, Rigoberto González, había sugerido que la venta del concentrado de cobre podría contribuir a financiar parte del programa de Preservación y Gestión Segura (PSG) durante el cierre definitivo de la concesión de 13 mil hectáreas.
El concentrado de cobre en cuestión asciende a 132,000 toneladas almacenadas en el proyecto Cobre Panamá, tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que aprobaba el contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá.
En relación con el futuro de este material, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) consultó al procurador sobre la vía jurídica recomendada para resolver las controversias y dudas relacionadas con su tenencia, disposición, propiedad y usufructo. En respuesta, González sugirió la realización de pericias y diligencias para determinar aspectos como cantidad, antigüedad y valor comercial del concentrado de cobre, sin embargo, estas auditorías aún no se han llevado a cabo.
La situación planteada por Minera Panamá resalta la urgencia de abordar de manera efectiva y colaborativa los riesgos asociados al almacenamiento prolongado de materiales peligrosos. La salud pública, la seguridad y la protección ambiental deben ser prioritarias en las decisiones que se tomen respecto a esta situación.