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Minera Panamá suspendería de forma temporal sus operaciones

El pasado 20 de octubre el Gobierno de Laurentino Cortizo firmó la Ley 406 que renovó por 20 años el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, decisión que ha sido rechazada en las calles por diversos sectores del país.

José González Pinilla

Por José González Pinilla

Puerto Internacional de Punta Rincón. LP/ Alexander Arosemena

Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, informó este lunes 20 de noviembre que posiblemente tendrá que suspender sus operaciones de forma temporal.

En un comunicado divulgado esta mañana, la empresa dijo que ha reducido el procesamiento de mineral y espera quedarse sin suministros para la planta de generación de energía aproximadamente a mediados de la semana que comienza hoy debido a los bloqueos por parte de “pequeñas embarcaciones”.

“Los bloqueos -en el puerto internacional Punta Rincón- están impidiendo la entrega de suministros necesarios para operar la planta de energía. Independientemente de las necesidades de las operaciones, la seguridad y el bienestar de la fuerza laboral de Minera Panamá es la prioridad de la empresa”, destacó.

Señaló que en la actualidad las autoridades locales están presentes y continúan monitoreando y evaluando la situación para lograr “un retorno definitivo a las operaciones marítimas”.

“Si las acciones ilegales continúan impidiendo los suministros necesarios para operar la planta de energía, la empresa reducirá el tren de procesamiento restante esta semana y suspenderá temporalmente la producción”, aseguró.

El pasado 20 de octubre el Gobierno de Laurentino Cortizo firmó la Ley 406 que renovó por 20 años el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, decisión que ha sido rechazada en las calles por diversos sectores del país.

Desde hace un mes, las manifestaciones y cierres de calles en el país se han recrudecido. Hasta la fecha, las autoridades han detenido a más de mil personas durante las protestas y unas 4 personas han perdido la vida. Sectores sindicales, gremios magisteriales e indígenas exigen la derogación de la ley 406. A la Corte Suprema han llegado unas 10 demandas que piden la inconstitucionalidad de la norma.