El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció el jueves 16 de noviembre que la empresa Minera Panamá ha cumplido con el pago correspondiente a sus obligaciones establecidas en el nuevo contrato bajo la Ley 406.
No obstante, ordenó que estos fondos se mantengan en una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá.
En un mensaje dirigido a la Nación, el mandatario explicó que esta decisión se tomó debido a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con respecto a las demandas de inconstitucionalidad presentadas.
La retención de los pagos se presenta como una medida cautelar mientras se resuelve la situación legal.
Además, el presidente Cortizo reveló que, tras recibir la solicitud de derogatoria de la Ley 406 presentada por grupos organizados el 9 de noviembre, consultó al Procurador General de la Administración, Rigoberto González, sobre la viabilidad jurídica de dicha solicitud.
La derogatoria de esta ley ha generado controversia y debate en la sociedad panameña, y el Ejecutivo busca clarificar su posición antes de tomar una decisión final.
La retención de los pagos y la consulta al Procurador General indican la sensibilidad del Gobierno ante la situación jurídica en torno a la Ley 406 y la importancia de esperar la decisión de la CSJ antes de avanzar con cambios significativos en la legislación relacionada con la industria minera en el país.