Ante la crisis nacional actual por la pandemia del COVID-19 y la planificación de medidas para reactivar la actividad nacional, 13 organizaciones ambientales levantaron su voz.
Lamentaron la pérdida de vidas humanas, respaldan la toma de decisiones basada en ciencia, Estado de Derecho y aplicación del principio precautorio por el Gobierno Nacional.
Proponen que la “reactivación” que no sea solo económica, sino integral, considerando los aspectos sociales y ambientales a la par de lo económico, bajo el modelo del desarrollo sostenible y economía verde.
LEA TAMBIÉN: El mundo de la conservación pide a la ONU que incluya un “medio ambiente sano” como un derecho humano
Tienen la esperanza de participar como sociedad civil en las mesas de trabajo convocadas por el Gobierno, para aportar y asegurar que se contemplan salvaguardas ambientales y de transparencia en las operaciones para obtener recursos financieros de deuda pública que se gestionan para la reactivación.
Las 13 organizaciones recomendaron además un programa de resiliencia de la producción agropecuaria con metas concretas de autoabastecimiento, agrobiodiversidad y ganadería sostenible en el contexto de una estrategia nacional de seguridad alimentaria.
Agregan que el COVID-19 pone en evidencia la mayor vulnerabilidad de nuestras ciudades y centros urbanos para responder ante situaciones de urgencia, sean de índole sanitaria, como en este caso, o de otra naturaleza como desastres asociados a inundaciones, estrés por falta de recurso hídrico, inadecuado manejo de los desechos, entre otras.
“La institucionalidad para este fin deberá revisarse e implementar ajustes para pasar de un modelo reactivo de respuesta a una modelo de prevención y gestión integral de riesgos”, añaden.
La crisis sanitaria presenta la oportunidad para visibilizar el nexo entre salud pública, pobreza y ambiente, señalan las organizaciones firmantes.
Respaldan que la dotación de ayudas humanitarias mediante bolsas de alimentos, incluya también la entrega de semillas, relevante tanto para el ámbito urbano como rural.
La revisión de la asignación de recursos para el desarrollo y promoción de la ciencia y la tecnología debe ser uno de los aprendizajes derivados de la crisis.
La importancia de la dotación de agua en calidad y cantidad suficiente para suplir las necesidades de consumo y sanitarias de la población ha quedado nuevamente de manifiesto.
LEA TAMBIÉN: Infarto de corazón: El daño menos conocido provocado por el coronavirus
La consigna de lavado de manos requiere tener agua a disposición en tiempo, calidad y cantidad suficiente, lo cual es una falencia en distintos sectores de la ciudad capital y provincias. La gestión integral del agua, mediante planes, programas y normativas que fortalezcan la coordinación interinstitucional e intersectorial superando la atomización de competencias que aún hoy se mantiene, se refuerza como una prioridad impostergable.
El fortalecimiento de los comités de cuenca y organizaciones locales para el manejo del agua; programas nacionales de eficiencia y reducción de huella hídrica, infraestructura pública y domiciliaria para manejo de aguas torrenciales, programas de conservación de bosques de galería y rescate de ríos, seguridad hídrica en comarcas indígenas, entre muchas otras, son medidas pendientes y urgentes.
Ante la cuarentena total proponen que se tenga en cuenta la implementación de normas y prácticas de construcción de infraestructura verde-sostenible para aumentar la resiliencia de la población urbana y rural.
La respuesta evidente del entorno, tanto en las ciudades como en las áreas rurales, en cuanto a la “aparición” de especies de la vida silvestre en calles, avenidas y plazas, es un llamado para reconocer que la presencia humana y sus actividades tienen grandes efectos en la biodiversidad.
LEA TAMBIÉN: Científicos sugieren aislamiento ¡hasta el 2022!
Sugieren aplicar medidas innovadoras de gestión ambiental urbana, como estrategias de movilización alternativa, reducción de picos y flujos, disminución programada de niveles de contaminación, metas de disminución de emisiones, entre muchas otras, deberán ser planificadas, piloteadas e implementadas por la autoridad ambiental en conjunto con las organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales, empresas, universidades y todos los sectores de la comunidad nacional.
Con miras a los Objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030, el comunicado lo firman: ANCON, Fundación Ciudad del Saber, Fundación Parque Nacional Chagres, Sociedad Audobon de Panamá, Fundación Panamá Wildlife, CEASPA, Fundación Marviva, Fundación Wetlands International, F. Naturaleza y Ciencia 507, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Fundación Natura, PROMAR, Asociación Panameña de Red de Reservas Naturales Privadas.