Un aproximado de 18 organizaciones de mujeres se pronuncian ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara no culpable (5-4) al diputado Arquesio Arias por supuestos actos de abuso sexual contra dos mujeres, una de ellas menor de edad.
Las organizaciones de mujeres, de derechos humanos y personas abajo firmantes, denuncian ante el pueblo panameño que nunca había sido tan cruel y evidente la distancia entre lo legal y la justicia en Panamá. La indignación nacional ha llegado a su límite. El fallo de No Culpable para el diputado Arquesio Arias dado por la Corte Suprema de Justicia agrede a todas las mujeres en el país.
Revictimiza y profundiza las heridas dejadas por los abusos a la integridad sexual de las víctimas. Las ciudadanas y la niña indefensa que se atrevieron a denunciar al diputado del PRD se enfrentan en desventaja ante el poder político corrupto enquistado en los Órganos del Estado panameño.
El nefasto fallo de no culpable del diputado Arquesio Arias, denunciado por abuso sexual por parte de dos mujeres indígenas, usuarias de los servicios de salud, a quienes el médico atendió, violando los fines y valores éticos del Colegio Médico de Panamá, hace que la ciudadanía cuestione profundamente el fallo y lo perciba como parte de la permanente connivencia entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional.
Ante una serie de situaciones que se han dado en este caso y que reitera patrones de conductas poco transparentes que permiten la impunidad, hoy se puede decir: en Panamá no existe un Estado de derecho, es así:
❖ Porque existe justicia selectiva. Es evidente la corrupción de los procesos por intereses políticos partidarios y de poderes ocultos; no funcionan los debidos procesos o se usan criterios discrecionales para justificar fallos injustos. En este caso donde el acusado es un diputado del partido gobernante, lo primero que se argumentó en su defensa, es que es un ataque político al acusado y se rebuscaron argumentos para desconocer la categoría de los delitos sexuales en distintas modalidades, trasladando la responsabilidad a las víctimas. Al mismo tiempo, la selectividad se refleja en el hecho de que las y los funcionarios de alto perfil tienen requisitos especiales para ser juzgados, tanto en cuanto a quienes les juzga como respecto de las reglas de valoración de las votaciones para condenarles. Por ello, aunque la votación contaba con mayoría simple para ser declarado culpable en uno de los delitos, fue declarado no culpable, porque se requería un voto más para que fuera calificado y poderlo condenar.
❖ Porque quién nos debe proteger revictimiza a las víctimas. En el caso de violencia contra las mujeres, en especial cuando se trata de delitos sexuales, la carga de la prueba recae en la víctima, la cual además de enfrentar la cultura machista de sus comunidades, donde es normal culpabilizar a la víctima, se le expone a una revictimización mediante mecanismos de investigación violentos que exhiben la intimidad de las víctimas, para desanimar la denuncia y sembrar la duda sobre la veracidad de los hechos.
❖ Porque hay discriminación hacia pueblos indígenas y no hay igualdad ante la ley y los servicios públicos. Violar el código de ética médica y no tener consecuencias abre la puerta para abusar de toda mujer indígena que acuda a usar servicios de salud en las comarcas y territorios indígenas. La lejanía y falta de supervisión de los servicios de salud hacen espacio para cometer este tipo de fechorías y abusos a mujeres en territorios indígenas.
❖ Porque no hay independencia de quienes administran justicia. La forma como está operando la justicia entre los órganos de Estado, no permite un equilibrio, sino, que genera una justicia.
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Desde antes de la pandemia existe una crisis de institucionalidad en el Órgano Judicial, sin embargo, la pandemia la ha profundizado, mediante: la administración de la cosa pública por Decretos. Las medidas anticovid, han sido el escenario perfecto, para terminar de normalizar la violencia del Estado hacia las personas, la criminalización de las protestas sociales, la selectividad de las medidas de salud pública hace esto evidente. Hoy no se respetan los derechos humanos y estamos en evidente retroceso de los marcos jurídicos que protegen a las mujeres y la niñez en Panamá, este caso crea un peligroso precedente que evidencia esto.
Ante este caso perverso de transacción política entre el Órgano Judicial y el Órgano Legislativo; invocamos el derecho de la ciudadanía de defender nuestros derechos humanos, por todos los medios legales nacionales e internacionales que estén en nuestras manos. Desde ya exigimos protección y atención a las valientes jóvenes que se atrevieron a denunciar a sabiendas del poder político y económico del denunciado; nos declaramos en campaña permanente contra la impunidad, haremos censura social y no permitiremos que el país olvide y coloque en el rincón del conformismo este caso de tan evidente de crueldad, racismo y violencia machista contra mujeres indígenas. Haremos que toda persona que vote por este tipo de sujetos se sienta avergonzado y traicionado en su confianza ciudadana.
Demandamos que el Ministerio de Salud proteja la atención de salud reproductiva de las mujeres, de manera tal que ningún médico o funcionario de salud que sea denunciado por abuso sexual puede seguir laborando en el sistema de salud.
Exhortamos a todas las autoridades y organizaciones de la Comarca Guna Yala y de otros territorios indígenas que no permitan nuevas agresiones a las víctimas por parte de seguidores y empleados políticos del diputado en las comunidades; creemos en la justicia ancestral comunitaria guna, sin duda se pronunciará en defensa de la dignidad y vida de ellas. Su valentía al denunciar a quien las atacó las colocó en condición de riesgo. Ellas son hijas de la maravillosa Olonadili y como tal merecen el respeto y admiración por su valor, nosotras no las dejaremos solas, ¡porque si tocan a una respondemos todas