Luego de que el Consejo de Gabinete, reunido el pasado martes, informó que enviaría a la Asamblea Nacional un proyecto de ley “consensuado” que ampliaba el acceso a la información pública, adoptando parámetros de normas internacionales, este viernes hubo respuesta de parte de varios grupos representativos de la sociedad civil panameña en materia de transparencia.
A través de un comunicado, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana –Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Kernel Think Tank, Generación sin Límite y el Movimiento Independiente por Panamá (Movin), rechazaron que la propuesta aprobada en Gabinete fuera fruto de un consenso -por lo menos en el que ellos fueran tomados en cuenta- como lo informó Elsa Fernández, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
“El Ministerio de la Presidencia el día 18 de abril de 2023 emitió una comunicación* sobre la autorización que ha dado el Consejo de Gabinete para presentar una iniciativa legislativa que busca derogar la Ley 6 de 2002, “Ley de Transparencia”, y reemplazarla por una nueva normativa. En la nota se cita a la directora de Antai, Elsa Fernández, afirmando que “el proyecto es producto del consenso con la sociedad civil. Ante esto, es nuestra responsabilidad aclarar que desconocemos tal consenso y que la Antai no nos ha proporcionado siquiera la versión final del referido anteproyecto”, expone el comunicado.
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Las organizaciones miembros de la Comisión Nacional para el Gobierno Abierto explican que en el año 2020 la Antai abrió una consulta en línea para recibir opiniones sobre posibles modificaciones a la Ley 6 de 2002 y a la Ley 33 de 2013, y que de esa consulta algunos comentarios, pero no una propuesta de anteproyecto de ley.
Y agregan que el pasado 27 de febrero recibieron “sorpresivamente” una invitación para reunirse el 7 de marzo en la Antai para presentar opiniones sobre un primer borrador de anteproyecto de ley que derogaría la Ley de Transparencia y la reemplazaría con nueva normativa. “No se incluyó en la convocatoria a los observadores del Foro: PNUD y Alianza Ciudadana Pro Justicia”.
Comentan que allí expresaron su preocupación de que una normativa tan importante para la libertad de expresión y de prensa, la rendición de cuentas y la gobernanza democrática no estuviese siendo consultada ampliamente, por lo que solicitaron que quedará constancia de que su presencia no era un aval ni de acuerdo ni de consenso.
“Hicimos observaciones in situ al contenido del borrador. La Autoridad por su parte se comprometió a enviar nueva versión del anteproyecto y a informarnos de la dinámica que tomaría la iniciativa una vez se diera una reunión pendiente con Presidencia. A partir de esa fecha, y al momento de publicar la presente aclaración, la Autoridad no ha compartido con la ciudadanía ni publicado la última versión de ese anteproyecto de Ley, a pesar de repetidas solicitudes”, expone la Comisión Nacional para el Gobierno Abierto.
Concluyen considerando que es desafortunado presentar un proyecto de ley cuyo consenso desconocen, “sobre todo en el contexto pre-electoral y ante los retrocesos en el tema de acceso a la información pública de los que el país ha sido testigo en los últimos tres años”.