Unas once organizaciones panameñas enviaron el pasado viernes 17 de julio de 2020 una carta a Edison Lanza, Relator Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de dicha comisión en las que les solicitan se pronuncien sobre las acciones de hostigamiento judicial a las que han estado sometidos medios y periodistas en el país en los últimos años, especialmente en la coyuntura que presenta el secuestro de cuentas y activos de Corporación La Prensa, S.A., llevado a cabo el pasado 4 de julio de 2020.
Le solicitaron al Secretario Ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao, que sea acogida la petición de medidas cautelares presentada por el abogado Félix Wing, el pasado 6 de julio de 2020, ante dicha Comisión a favor de la población panameña y de la Corporación La Prensa, S.A.
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Los firmantes son: la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el Consejo Nacional de Periodismo, Fórum de Periodistas, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Fundación Espacio Cívico, Fundación Democracia y Libertad, Movimiento Independiente por Panamá, Movimiento Juntos Decidimos, ACTA Panamá, Fundación Iguales y Centro de Incidencia Ambiental de Panamá.
En la carta enviada al Relator Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH, las organizaciones le indican que en los últimos años, en múltiples instancias algunos operadores de justicia han fallado en tutelar el bien colectivo de la libertad de expresión frente a pretensiones individuales de demandantes, hechas bajo normativas permisivas, que pueden ser satisfechas sin interrumpir el servicio esencial de la libre prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Los actores sociales agregan que en el estado de excepción que estamos viviendo en el país a causa de la pandemia de la covid-19, el rol de la libre prensa y la libertad de expresión, como control social frente a un poder ejecutivo, que no tiene los balances y contrapesos regulares, es esencial: “La libertad de expresión y el servicio a la ciudadanía y a la democracia que presta la libre prensa -impresa, televisiva, radial, digital y nuevos medios- es invaluable”, enfatizan.
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Igualmente señalan que, La Prensa ha revelado esquemas de posible corrupción en las compras y contrataciones del Estado que han resultado en investigaciones de oficio iniciadas por el Ministerio Público, y que, en tiempos de pandemia, cualquier medida que puede traer como consecuencia el cierre de un medio, afecta especialmente la gobernanza democrática: “El cierre de medios, en cualquier momento, en especial el actual, que estamos en un estado de excepción por la crisis sanitaria, equivaldría no solo a una violación a la libertad de expresión como derecho humano, sino una verdadera afectación al sistema democrático de gobierno. Sin libertad de expresión no hay democracia”.
Hacen referencia al informe del país ante la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, de octubre de 2019, donde se presentó ante ese cuerpo el recuento de demandas que han recibido en Panamá comunicadores, periodistas y medios impresos, radiales y televisivos, como producto del abuso del sistema judicial.
Indican que la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión “se pronuncie formalmente sobre la afectación a la libertad de expresión y a la libre prensa que representan estas acciones judiciales desproporcionadas contra el diario La Prensa”.
Sobre la aplicación de medidas cautelares pidieron a la CIDH que acojan la petición de medidas cautelares protectivas interpuestas por el abogado Félix Wing, señalando que el caso cumple con los requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH de gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño.
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En el caso de La Prensa las organizaciones le indican a la CIDH que se configura el presupuesto de “gravedad” ya que la medida cautelar de secuestro sobre los activos de la Corporación La Prensa “constituye una restricción ilegítima, innecesaria y desproporcionada” que deja sin efecto a la libertad de expresión de La Prensa y cercena “la posibilidad de que los habitantes de Panamá podamos seguir teniendo libre acceso a una fuente de información independiente”.
La Corporación La Prensa mantiene sus cuentas y otros activos secuestrados por orden de la juez Decimoquinta Civil Lina Catro De León, en un proceso de demanda presentado por el presidente de la República Ernesto Pérez Balladares por dos publicaciones de marzo de 2012 , el cual se mantuvo siete años inactivos hasta que el demandante lo reactivo con el secuestro.