Panamá alza sus calificaciones acercándose a su salida de la lista gris de GAFI, avanzando en 11 de 15 puntos estipulados en el Plan de Acción establecido por el organismo, para salir lo antes posible de estas listas discriminatorias, en las que fue incluido en junio de 2019.
Luego de la culminación de la segunda plenaria realizada en Alemanía, la GAFI reconoció que la actual administración tomó medidas para mejorar su régimen anti-lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Marcus Pleyer, presidente de la GAFI reveló su preocupación pues a Panamá le quedan cuatro puntos por completar y el termino acababa en el 2021.
Panamá logró importantes avances respecto al monitoreo del sector corporativo, incrementando considerablemente las supervisiones realizadas y fortaleciendo los sistemas de prevención de blanqueo de capitales en nuestro país.
La próxima plenaria de la Gafi será en octubre y en caso de que Panamá no muestre avances podrían tomar medidas. La Gafi solicita que Panamá tenga sanciones para aquellos que violen el régimen de prevención de blanqueo de capitales, y demostrar la capacidad de investigar y perseguir el lavado de dinero vinculado a delitos fiscales internacionales.
Igualmente se resaltó el progreso en cuanto a las investigaciones de lavado de dinero en áreas de alto riesgo, particularmente investigaciones que involucran delitos precedentes extranjeros y la incautación y el decomiso del producto del delito.
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Entre las acciones que a ejecutado esta administración para sacar al istmo de la lista está: aumento en investigaciones por blanqueo de capital, de 20 pasaron a 89, programaron 45 supervisiones de seguimiento en 2022, presentaron el borrador del Acuerdo de Abogados, parte de la estrategia de mitigación de riesgos, realizaron seis investigaciones por blanqueo de capital, generando 2 alertas rojas internacionales, 2 imputaciones y 13 solicitudes de intercambio de información, a través de GAFILAT.
Panamá ha presentado de forma continua avances significativos que incluyen modificaciones legislativas, desarrollo exhaustivo de análisis de riesgos, desarrollo de un registro de beneficiario final, aumento de investigaciones, entre otros aspectos.