Hay desconfianza sobre en quiénes recaerá la función para el cierre ordenado de la empresa Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals.
Para la exalcaldesa y ambientalista Raisa Banfield, es evidente y validada la preocupación ciudadana, ya que las instancias encargadas de salvaguardar el interés del Estado, como el Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Trabajo, Aduanas, etc., fungieron como promotores, publicistas y defensores de oficio de la mina, manifestó.
“Nos quedamos sin una institución que fiscalice, más bien fueron los cómplices de un contrato que viola 25 artículos de la Constitución”, dijo.
Destacó que “mal podemos tener confianza en que los mismos actores, y no me refiero a las instituciones, sino a las personas que las dirigen, sean quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar un cierre, por tanto, se debería exigir la renuncia de esos funcionarios para que se nombre a personas con capacidad y cierta objetividad para iniciar un proceso tan delicado para Panamá y los panameños”, acotó.
Por su parte, la empresa emitió ayer una respuesta a las declaraciones del Gobierno sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declara inconstitucional la Ley 406 de 2023 del contrato minero y reitera su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las leyes.
Sin embargo, argumenta que la decisión de la Corte no considera un escenario de cierre planificado, que normalmente implicaría medidas de rehabilitación implementadas entre cinco y diez años antes del cierre definitivo.
Finalmente, cuestiona cuáles son los planes del Mitradel para el apoyo de las 40 mil personas empleadas.
Este cuestionamiento se da un día después de que el presidente Cortizo declarara que tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo que declara inconstitucional la Ley 406, de inmediato se procederá a su publicación en la Gaceta Oficial y se iniciará el proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina.