El Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo, se trasladó a la comunidad de Bajo Chiquito, ubicada en la comarca Emberá Wounaan, primer punto de recepción de personas migrantes que ingresan al país, desde la frontera con Colombia, y donde anunció la designación de un fiscal permanente en el puesto de control del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para recibir denuncias.
Hace días los migrantes que atraviesan el istmo, denunciaron una serie de abusos, lo que motivó a las autoridades para investigan el presunto hecho y de ser cierto buscar los culpables para que paguen por las agresiones cometidas.
Explicó además que, de las 67 investigaciones en curso, solo un denunciante decidió continuar con el proceso investigativo. Entre los años 2020 y 2021 el MP ha recibido más de 120 denuncias.
El Procurador Caraballo estuvo acompañado durante el recorrido, que incluyó además el centro de recepción de migrantes de Lajas Blancas y el de San Vicente, por el fiscal superior Contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez; la directora de la Unidad Para la Atención de Víctimas, Peritos, Testigos y demás intervinientes en el proceso penal (Upavit), Yamilka Troncoso; y fiscales especializados en delitos contra la libertad e integridad sexual.
“Estamos constatando una realidad cada vez más cambiante, solo este miércoles llegaron más de mil personas migrantes y por esto hemos tomado algunas decisiones importantes para atender este tema y a partir de la próxima semana habrá un fiscal de planta en este centro de recepción de denuncias para conocer sobre los posibles casos; de igual manera, vamos a darle la atención a estas personas con el objetivo de encontrar a aquellas víctimas que además estén dispuestas a acompañar al Ministerio Público (MP) para poder probar el delito”, adelantó el Procurador Caraballo durante la inspección realizada.
De igual forma el Procurador Caraballo señaló que el Ministerio Público estará aplicando un formulario para que las personas migrantes, que a traviesan esta situación compleja y llegan a los puntos, puedan, primero de manera informal, decir si han sido víctimas de algún tipo de delito, para posteriormente recibir las denuncias.
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Agregó el Procurador que en efecto es una situación complicada que no nace en Panamá, sino que es el producto de un fenómeno regional y es por ello que los fiscales y procuradores generales de la región firmaron el pasado 30 de agosto de 2021 la Declaración de Panamá donde los países firmantes Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala y Panamá, se comprometieron a establecer estrategias conjuntas para combatir el crimen organizado respecto a este flujo irregular de migrantes”.