Guillermo Ferrufino, exministro de Desarrollo Social (Mides) de Panamá, se encuentra actualmente prófugo de la justicia. Su abogado, Franklin Amaya, ha declarado que no existen las garantías necesarias para que su cliente se entregue a las autoridades panameñas. Ferrufino, condenado a 10 años de prisión por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, ha presentado un amparo de garantías ante el Primer Tribunal de Justicia contra el juez de cumplimiento, Jostan Guevara.
Ferrufino alega que el juez Guevara realizó una “mala valoración legal” al aplicar una norma que no estaba vigente en el momento en que se cometieron los presuntos delitos. Según el amparo presentado, el juez Guevara utilizó la Ley 68 del 2 de noviembre de 2009, la cual reformó artículos del Código Penal y del Código Judicial, para acumular las penas. Sin embargo, los delitos por los que fue condenado Ferrufino se originaron en un informe de auditoría con fecha de julio de 2009, lo que implica que la norma utilizada no debió ser aplicada.
El recurso de amparo argumenta que la norma aplicable para acumular las penas en el caso de Ferrufino debía ser el artículo 86 del Código Penal, incorporado a través de la Ley 14 de 18 de mayo de 2007. Este artículo establece que si una persona es sancionada por dos delitos, se le impondrá la pena del más grave y una sexta parte o la mitad de la pena del delito menos grave. Bajo esta normativa, la defensa de Ferrufino argumenta que la pena a imponer debía ser de 80 meses de cárcel (6 años y 6 meses), en lugar de los 120 meses de prisión (10 años) dictados por el juez Guevara. Restando los 24 meses que Ferrufino ya ha pasado detenido o bajo medidas cautelares, la pena aplicable se reduciría a 56 meses de arresto, lo que le permitiría solicitar una sustitución de la pena por trabajo comunitario.
Además de las condenas mencionadas, Ferrufino está a la espera de una decisión del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales tras haber enfrentado un juicio por el delito de peculado relacionado con el alquiler de helicópteros a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN). Mientras tanto, al exministro se le mantienen cautelados varios bienes inmuebles y cuentas bancarias.
El abogado de Ferrufino, Franklin Amaya, ha afirmado que su cliente no se entregará a las autoridades debido a la falta de garantías necesarias para asegurar un proceso justo. Esta situación ha llevado a que Ferrufino permanezca prófugo de la justicia, complicando aún más su situación legal y aumentando la incertidumbre sobre el desenlace de su caso.
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El caso de Guillermo Ferrufino ha generado una considerable atención mediática y ha reavivado el debate sobre la corrupción y la justicia en Panamá. La polémica en torno a la aplicación de las normas penales y las declaraciones de su abogado han puesto en tela de juicio la transparencia y la efectividad del sistema judicial panameño.
Con Ferrufino prófugo y en medio de un recurso de amparo, la resolución de este caso se presenta compleja y podría establecer precedentes significativos en la interpretación de las leyes penales en el país. Mientras tanto, la ciudadanía espera que se haga justicia y que se refuercen las medidas contra la corrupción para restaurar la confianza en las instituciones públicas.
Información publicada en prensa.com por Juan Manuel Díaz