En la edición publicada del 17 de febrero del 2022, bajo su firma se publicó un artículo titulado “INDIGENAS LE RESPONDEN A ADOLFO LINARES, QUE QUIERE ELIMINAR EL REGIMEN COMARCAL” , donde se afirma que la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) rechazaba un twit en el que afirmé que: “Hay que eliminar el régimen comarcal e incorporar esas tierras al desarrollo nacional, junto a la población, en un 95%, que ahí habita en condiciones de miseria. Sin propiedad privada no hay inversión y sin inversión no hay desarrollo.”; catalogándolo como desafortunado, desinformado y antidemocrático. (https://www.midiario.com/nacionales/indigenas-le-responden-a-adolfo-linares-quien-quiere-eliminar-el-regimen-comarcal/).
No es la primera vez que hablo sobre el tema. Para cualquiera con un mínimo de raciocinio y algo de empatía le debiera ser chocante el nivel de miseria existente en las comarcas, donde habitan casi 400M panameños ocupando un 20% de todo el territorio nacional. Desafortunado es que nadie cuestione un régimen jurídico que en casi 30 años de haberse establecido no ha podido mejorar en casi nada los niveles de miseria que ahí se reflejan.
De acuerdo a estadísticas del PNUD los niveles de pobreza multidimensional y vulnerabilidad en las comarcas son los más alto del país. Entre un 81/99%, varía entre comarcas, de los niños y adolescentes que ahí residen lo hacen en niveles de pobreza extrema. La desnutrición, mortalidad infantil y el analfabetismo son alarmantes. En el estudio ‘Atlas de Desarrollo Humano Local: Panamá 2015′, menciona que “la pobreza de las comarcas comparadas con las provincias revelan una alta desigualdad de la riqueza y de la productividad económica” , y en cuanto a educación se refiere los niveles de escolaridad no llegaron ni a seis años. Según datos oficiales, hasta el 2019, unas 386,091 personas residían en 84,916 hogares precarios en cuanto a sus materiales de construcción; esto representa el 7.3% a nivel nacional; en las comarcas se incrementa a 72%, con excepción de la Emberá que fue de 15%.
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A mi criterio, mantener por ley un régimen cuyo único logro ha sido condenar a la miseria eterna al 10% de nuestra población, siendo la más vulnerable, y que tiene todo el derecho de alcanzar un bienestar económico y social que les pueda ayudar a incorporarse y contribuir a la economía nacional, mejorando así los niveles económicos de cada uno de ellos; no es sostenible. Lo que se vive en las comarcas es inaceptable en un país como el nuestro, al menos para mí.
Ahora bien, si para la COONAPIP estas cifras son halagadoras; reflejo de un población que vive, según sus costumbre y tradiciones, una vida plena y llena de felicidad, salud y abundancia; en una especie de jardín del edén terrenal, entonces que lo digan. A lo mejor ese silencio es el origen de la desinformación que me achacan.
El desarrollo, superación y progreso social de una población no implica la aniquilación de sus costumbres y tradiciones. Condenarlos a que sean dependientes de subsidios estatales es llevarlos por un camino de servidumbre cuyo único destino es la esclavitud eterna ante los gobiernos de turno.
En el tema de la “propiedad privada” que tanta urticaria causa en algunos, un tema a discutir debiera ser reconocerle primero a cada habitante mayor de edad el derecho de titular gratuitamente su pedazo de tierra, al menos una hectárea para que la cultive, desarrolle, la alquile, la hipoteque, la venda, la herede o lo que mejor le parezca. Nadie ha hablado de expropiación ni de violar los derechos constitucionales de nadie; por supuesto que cualquier discusión que tenga que ver con el régimen comarcal vigente tiene que tener representación y participación de quienes ahí habitan.
Por último, lo anterior es una reflexión personal y no representa la opinión de ninguna otra persona que la mía.
Solicito que por favor se publique lo anterior en su distinguido diario en uso a mi derecho a réplica.
Adolfo E. Linares F.
8-242-402