Los pacientes de hemodiálisis han lanzado una petición urgente al próximo presidente José Raúl Mulino y al ministro de Salud designado Fernando Boyd Galindo. Su solicitud es clara: una auditoría a la actual administración en el tema de hemodiálisis. Los consorcios que compiten por la licitación son Damos Vida y PMC-PM, y la situación ha generado controversia.
La Caja de Seguro Social (CSS) convocó a una licitación para “el servicio de hemodiálisis y suministro de kits de hemodiálisis, así como el diseño, construcción y habilitación de unidades de hemodiálisis”. El precio de referencia es de $180.8 millones.
El 21 de mayo, dos consorcios presentaron sus propuestas:
- Consorcio Damos Vida, integrado por las empresas DaVita y Sintec, ofreció $178,188,796.18.
- Consorcio PMC-PM propuso $190,402,634.08.
Esta licitación se retomó en mayo por la administración de Enrique Lau Cortés, luego de haber sido suspendida por la Dirección General de Contrataciones Públicas en febrero. La suspensión se debió a varios reclamos sobre el pliego de cargos, incluido el precio de referencia, que no ha cambiado en tres años.
Se ha criticado que la CSS no realizó estudios y consultas previas en el mercado, lo que es necesario para estructurar adecuadamente los pliegos de cargos. Estos estudios deberían incluir información sobre precios, costos asociados, características de los bienes y servicios, y el tiempo de preparación de las propuestas.
Esta es la segunda vez que la CSS intenta esta licitación. La primera convocatoria fue cancelada el 5 de mayo de 2023. En ese entonces, solo se presentó el Consorcio Renal, que ofertó $168.8 millones. Ahora, el mismo consorcio ofrece $10 millones más.
En la convocatoria anterior, la empresa Promociones Médicas, S.A. (Promed, S.A.) no pudo participar porque no presentó adecuadamente la carta de garantía que acreditaba su experiencia en el servicio.
La cancelación de la primera licitación se decidió después de una reunión con abogados externos y miembros del Comité de Ética Ad Honorem de la CSS. Además, diversas asociaciones de pacientes de hemodiálisis solicitaron la cancelación del acto por estar en desacuerdo con el equipo que sería adquirido.
Los miembros de la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y Familiares (Anpircf) están preocupados. Alegan que sus inquietudes, y las de algunas empresas interesadas, nunca fueron respondidas. El presidente de Anpircf, Alexander Pineda Serrano, explicó que la licitación incluye el diseño, construcción, administración de salas de hemodiálisis y kits de hemodiálisis. Las compañías que distribuyen equipos de diálisis sostienen que no son constructoras, y que la licitación debería ser solo para equipos de hemodiálisis e insumos, dejando las edificaciones aparte.
Pineda Serrano enfatizó que apoyan una licitación que realmente tenga un pliego de cargos centrado en el paciente y no en favorecer a constructoras o empresas de hemodiálisis. Solicitan al próximo presidente y al ministro de Salud designado una auditoría de la actual administración y la suspensión de esta licitación.
La CSS, en un comunicado, informó que el proceso ha sido ampliamente revisado y negociado con los proponentes y las asociaciones de pacientes, con la Defensoría del Pueblo como veedor del proceso. La administración actual se compromete a actuar con transparencia y apego a las normas legales vigentes.
La CSS señala que el retraso del proceso ha sido provocado por los múltiples recursos interpuestos, especialmente por una empresa interesada, que ha hecho interpretaciones particulares de la Ley de Contrataciones Públicas.
En el portal de Panamá Compra se observa que dos empresas han presentado reclamos: Promed, S.A. y Healthcare Products Centroamérica, S.A.
La CSS afirma que no licitar estos servicios de forma transparente y pública impediría la libre competencia y podría incurrir en actos de corrupción.
La CSS destina cerca de $80 millones anualmente para la atención de pacientes renales, según Karen Courville, coordinadora nacional de hemodiálisis de la CSS. El 80% de este presupuesto se utiliza en hemodiálisis y el 20% restante en diálisis peritoneal.
La CSS cuenta con 25 nefrólogos a nivel nacional para atender a 2,797 pacientes renales crónicos, apoyados por 300 enfermeras, 80 médicos generales, 50 técnicos y personal administrativo. Hay 17 unidades de hemodiálisis a nivel nacional y se planea abrir cinco centros más en Panamá norte, Panamá este, Colón, Coclé y Chiriquí.
La hipertensión y la diabetes son las principales causas de enfermedad renal crónica.
La licitación de la CSS para servicios de hemodiálisis sigue siendo un tema polémico, con pacientes y empresas demandando más transparencia y un enfoque en las verdaderas necesidades de los afectados. La próxima administración tendrá que enfrentar estos retos con un enfoque renovado en la auditoría y la transparencia.
Información publicada en prensa.com por Aleida Samaniego C.