El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) enfrenta importantes desafíos con el Fondo Solidario de Vivienda, incluyendo una deuda pendiente de $60 millones con promotoras, tras reclamos por atrasos que amenazaron a 16,000 hogares de interés social. Este programa ofrece un bono de $10,000 para la compra de viviendas hasta $70,000, beneficiando a familias con ingresos limitados y a las empresas constructoras participantes.
El ministro Jaime Jované ha indicado que no hay presupuesto ni ley para nuevos bonos después del 30 de junio de 2024, aunque se honrará el pago para viviendas construidas hasta esa fecha. Se evalúan propuestas como ofrecer tasas preferenciales para nuevas construcciones, reduciendo la carga financiera del Estado.
En cuanto a recursos, el Miviot solicitó $354.8 millones para 2025, destinando la mayoría a inversión. La entidad ha reducido significativamente su planilla, eliminando 2,753 puestos debido a irregularidades detectadas, como personal sin funciones específicas o duplicadas.
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Esta transformación busca optimizar recursos y mejorar la eficiencia del ministerio, que enfrentó serias limitaciones bajo la administración anterior. Jované ha destacado la necesidad de una gestión más eficaz para asegurar que los fondos lleguen donde más se necesitan y puedan beneficiar a las comunidades de manera efectiva.