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Revocan sobreseimiento y condenan a ex funcionarios por contaminación en Taboga

El caso inició desde el 2011

Por Sonia Navarro

El Vertedero de Taboga impactaba valioso refugio de vida silvestre (Corprensa)

El Tribunal de Liquidación de Panamá revocó el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado Octavo de Circuito Penal y condenó a los ex alcaldes del distrito de Taboga, José Chirú (2009-2014) y Ramón Ramos (2014-2019), al representante de corregimiento Marco Antonio Delgado, además de Isaías Díaz y Emilio Muñoz, a 4 años y 6 meses de prisión en calidad de autores del delito de Contaminación y Degradación de Recursos Ambientales.

Ariadne López Lorenzo, fiscal de Descarga de Circuito indicó que en 2018 el Juzgado Octavo de Circuito Penal dictó un sobreseimiento provisional, luego el Segundo Tribunal revocó la decisión y ordenó llamar a juicio a los cinco implicados y van a una audiencia de fondo y absuelven a las personas, el Ministerio Público apela y el tribunal finalmente revoca la sentencia condenando a los implicados en el hecho.

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Además el tribunal no admitió el recurso de Casación formalizado por el abogado defensor por la revocatoria de la sentencia de primera instancia.

El Ministerio Público (MP) informó que el hecho que dio origen a la investigación fue denunciado por la señora Mary Anne Majewski, que puso en conocimiento que las autoridades locales de Taboga, (alcalde, vicealcalde y representante del periodo 2009-2014) estaban utilizando la finca N°6146, hace más de 10 años, como vertedero de desechos tóxicos sólidos producidos en la isla, sin su autorización.

La Fiscal expresó que el terreno fue usado sin autorización de la propietaria y en violación a las leyes ambientales vigentes, para depositar desechos, sin ningún tipo de control causándole daños al ecosistema., con la excusa de que no contaban con otro lugar donde se pudieran tratar los desechos de la isla.

La propiedad se encuentra dentro del área protegida conocida como Refugio de Vida Silvestre Taboga-Urabá, el cual fue creado mediante el Decreto Ejecutivo 76 de 1984.

En el sitio según la investigación del MP se mantenía quema de desechos a cielo abierto, causando contaminación en el suelo de una propiedad privada, con un enorme valor turístico, ubicada en un refugio natural de vida silvestre.