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Roxana Méndez elimina la ‘descentralización paralela’ tras descubrir transferencias sin reglamentación

La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, anuncia la eliminación del programa de “interés social,” conocido como “descentralización paralela,” tras descubrir que se manejaban fondos sin la reglamentación y fiscalización necesarias. Un total de 320 millones de dólares fueron transferidos sin justificación detallada desde 2021.

Por Eric Conte

Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización. LP/Isaac Ortega

En un contundente esfuerzo por reforzar la transparencia en la administración de los fondos públicos, la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, anunció la eliminación definitiva del programa de “interés social,” conocido también como “descentralización paralela”. Este programa, que funcionaba como un carril alterno a los programas formales de descentralización, fue encontrado operando sin las normativas y supervisión requeridas, lo que permitió la transferencia de cientos de millones de dólares sin justificación detallada.

“Hemos encontrado que la administración de la descentralización tenía varias cuentas financieras que es a través de las que se hacen las transferencias para ir fortaleciendo las capacidades de los municipios y las juntas comunales, pero nos encontramos con un cuarto programa con su partida de transferencia que se le llamó de interés social,” explicó Méndez durante una entrevista. La directora subrayó que este programa carecía de las normativas de uso y fiscalización que sí regulaban los otros fondos, lo que permitía que los recursos fueran transferidos con solo una instrucción y sin la debida justificación.

El alcance del problema es alarmante. Según los hallazgos iniciales, desde 2021 se han transferido un total de 320 millones de dólares a través de este programa, de los cuales 146 millones se movieron tan solo en 2023. Méndez afirmó que no existe evidencia clara en los expedientes que justifique el uso de estos fondos, lo que ha llevado a la AND a iniciar un proceso de requerimiento de información detallada a los representantes municipales para esclarecer el destino de estos recursos.

Sin embargo, la AND enfrenta un gran reto. Según Méndez, “no tenemos capacidad de investigación de 680 expedientes,” lo que implica que solo aquellos casos donde la evidencia sea insuficiente serán remitidos al Ministerio Público para una investigación más profunda. La falta de capacidad investigativa de la AND resalta la gravedad y el alcance de las irregularidades descubiertas.

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La eliminación del programa de “interés social” es un paso significativo hacia la transparencia, pero Méndez enfatiza que la participación ciudadana es crucial para garantizar que los fondos públicos se usen de manera adecuada. “Hago un llamado a la ciudadanía para que acuda a las consultas, que se informe, que exija y evalúe qué es lo que realmente es prioritario para la comunidad... vamos a tener una línea para recibir denuncias, comunicaciones, información y vamos a estar divulgando qué dineros, qué montos están recibiendo cada junta comunal, cada municipio,” afirmó la directora.