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Sancionan la Ley 409 que establece el Sistema Judicial de Protección de Niñez y Adolescencia

Esta Ley establece bases para la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el reordenamiento de las instituciones competentes como el Ministerio de Desarrollo Social para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de esos derechos.

Jairo Cornejo

Por Jairo Cornejo

Con la nueva Ley 409 se fortalece la protección integral de nuestros niños y adolescente. Foto/Ilustrativa

Por sus múltiples beneficios y alcance, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen sancionó la ley 409, que establece el Sistema Judicial de Protección de Niñez y Adolescencia, iniciativa impulsada en el pleno de la Asamblea Nacional por la diputada Corina Cano.

Este documento, sancionado por el Ejecutivo, este 16 de noviembre, es de gran impacto para la población y fue discutido a lo interno de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia del parlamento.

Esta Ley establece bases para la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el reordenamiento de las instituciones competentes como el Ministerio de Desarrollo Social para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de esos derechos.

La diputada Cano, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional explicó en su momento que esta herramienta legal complementa la Ley 285 de 15 de febrero de 2022 vigente en Panamá, que “crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”.

Es por ello, que con la nueva Ley 409 se fortalece la protección integral de nuestros niños y adolescentes, pues se adapta a sus necesidades, teniendo como clave la prevención. Se destaca entonces que, todo menor de edad tiene tiene el derecho a la reserva de su proceso de protección judicial.

Esta Ley de 190 artículos se fundamenta en el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes, sujetos a una legislación y justicia especializada, asegurando como prioridad el restablecimiento de sus derechos fundamentales que hayan sido vulnerados.