El diputado independiente Gabriel Silva presentó un anteproyecto para ampliar el nivel de funcionarios que están obligados a rendir una declaración jurada del estado patrimonial cuando entran y salen de participar en el engranaje del sector público.
Silva manifestó que el afán es combatir la corrupción y darle mayor transparencia a la gestión gubernamental.
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El artículo uno de la propuesta indica que, además, de los ya contemplados, se deben incluir los diputados principales y suplentes, alcaldes, vicealcaldes, representantes de corregimientos y sus suplentes, los concejales, secretarios generales, magistrados, gobernadores y vicegobernadores, entre otros.
Algunos de los seguidores de la cuenta de twitter del diputado le comunicaron que en esa propuesta no olvide a los ministros y viceministros. Entre sus actos de transparencia el diputado ha asegurado que en su equipo de trabajo no hay familiares, promotores culturales (polémicos en las planillas) y botellas.
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En la gestión pasada varios funcionarios y exfuncionarios fueron condenados por el delito contra la administración pública. Un caso que se mantiene en la palestra es Odebrecht donde hay exfuncionarios, empresarios y políticos vinculados por actos de corrupción y qué decir del último escándalo de la Corte Suprema, en el que se asegura que los jueces y magistrados venden fallos.