Un anteproyecto de ley avalado por ocho de los nueve diputados de la Comisión de Credenciales para reformar el reglamento interno de la Asamblea Nacional el cual incluye un artículo que establece que los salarios de sus suplentes saldrán del presupuesto general del Estado, ha generado críticas de distintos sectores.
La iniciativa aprobada por los diputados se presentó pese a que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que establece que un diputado suplente no puede aceptar ningún empleo público remunerado, según lo dispuesto en el artículo 156 de la Constitución Nacional.
La Corte reafirmó la decisión al negar una acción de Amparo de Derechos Constitucionales interpuesta a favor de 16 diputados suplentes que laboran en otras entidades del Estado.
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En el fallo de la Corte se precisa que el artículo 303 de la Constitución indica que los servidores públicos no podrán recibir dos o más sueldos pagados por el Estado, ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas de trabajo.
Según la sentencia de la Corte los suplentes devengan una remuneración económica fija al recibir una dieta de $500 y combustible por $1,500 como parte de su función.
La propuesta de reforma al reglamento interno fue aprobada por los diputados: Raúl Pineda, Roberto Ábrego, Juan Esquivel y Gonzalo González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Génesis Arjona y Ana Giselle Rosas, de Cambio Democrático; Elías Vigil, del Partido Panameñista;; y Maira González, suplente de Francisco ‘Pancho’ Alemán, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. El único voto en contra fue el del diputado independiente Juan Diego Vásquez.
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La reforma contempla que “Además de las funciones establecidas constitucionalmente, la junta directiva de la Asamblea Nacional podrá asignar otras funciones a los diputados suplentes, los que devengarán una dieta y los emolumentos que determinará la Ley de Presupuesto General del Estado".
Esta iniciativa que empezará a discutirse la próxima semana generó fricciones entre los diputados de la Comisión de Credenciales, sobre todo por el reclamo del diputado Juan Diego Vásquez al presidente de la comisión Roberto Ábrego que desestimó un proyecto de ley para reformar el reglamento interno que había sido consensuado por una subcomisión, que entre otras cosas incluía el descuento de salario a los diputados que faltan a las sesiones legislativas.
El contralor General de la República, Gerardo Solís, ordenó mantener la suspensión del pago de los salarios a los diputados suplentes que laboran en otras entidades del Estado.