Cada año en Panamá mueren de 20 a 25 personas como consecuencia del envenenamiento masivo con dietilenglicol, una de las peores tragedias del sistema público de salud ocurrida en la última década y de la cual es difícil conocer el alcance que tuvo en el país.
A 15 años de aquel lamentable suceso, siguen los reclamos de las víctimas y sus familiares por un mejor sistema de salud y una justicia real.
La Ley 13 de 29 de marzo de 2010 declara el 17 de octubre de cada año Día de Reflexión y Meditación en Recuerdo de las Víctimas de la Intoxicación con Dietilenglicol.
Es en octubre de 2006 cuando se conoce que un jarabe elaborado en el desaparecido laboratorio de medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS) contenía el tóxico y era el causante de que muchas personas comenzaran a enfermar y a fallecer de forma inesperada.
Las víctimas sobrevivientes, en la que hay de todas las edades, sufren de enfermedades neurológicas y de insuficiencia renal aguda como consecuencia de un descuido y hasta de negligencia por parte de los responsables de fiscalizar los controles sanitarios.
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Para Gabriel Pascual, quien desde el primer momento ha encabezado la lucha a través del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida, los encargados del sistema de salud no han aprendido la lección y los correctivos no se han dado entre la CSS y el Ministerio de Salud (Minsa).
Pascual añade que hay un sinsabor en las víctimas por una carencia de justicia real en todos los aspectos; quedan muchas deudas sociales que hay que subsanar; se reconocen mil 400 víctimas, pero solo hay un grupo de mil 40 que reciben una pensión por parte del Estado. Agrega que hay otras mil que están a la espera de una certificación que no llega, y 700 se han acercado después de que se cierra la fiscalía especial creada para investigar los casos.
JUSTICIA ES UN DESASTRE
En el plano de la justicia, Pascual lo describe como un desastre, y aunque al final hubo algunas condenas, las que calificó de irrisorias y a destiempo, por lo que siguen esperando una justicia que al final no llega.
Las víctimas se quejan de que la clínica de toxicología que por años funcionó en la Policlínica de la CSS en calle 17, fue trasladada a la Policlínica Manuel Ferrer Valdés , en calle 25, Calidonia.
Ahora los pacientes perciben que la atención no es la misma y se han desmejorado los servicios de salud.
DATOS
Entre 2004 a 2006 se repartieron 220 mil envases de medicamentos que contenían el tóxico.
Se emitieron 110 mil recetas, por lo que el impacto de la tragedia ha sido enorme.
Las víctimas reciben una pensión de 800 dólares al mes.
Las víctimas oscilan entre los 40 y 60 años, aunque hay algunos menores de edad.