Las posibles víctimas de la esterilización forzada ocurrida en la comunidad de Charco La Pava serán trasladadas del sitio, alojadas y le realizarán ultrasonido que será costeado por la Defensoría del Pueblo.
Eduardo Leblanc González, Defensor del Pueblo, hizo un llamado a las mujeres indígenas de la comunidad de que si sienten que su derecho humano ha sido vulnerado por este hecho vayan a la Defensoría del Pueblo o llamen al 127, pues una testigo “de referencia” que conversó con los Oficiales de Derechos Humanos de la institución mencionó que no confían en la Caja de Seguro Social ni el Ministerio de Salud.
El Ombudsman dijo que ha tenido reunión con el director regional de Salud de Bocas del Toro y que para este martes sostendrá un encuentro con la ministra de Salud, encargada, Ivette Berrío y en la semana con el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao Cortés.
El equipo interdisciplinario de la Defensoría que viajó hasta Charco La Pava, no pudo hablar con ninguna de las afectadas, la comunidad no permitió la entrada al Ministerio Público para las diligencias, ante ello la institución continuará recabando información para llegar a la verdad material.
Leblanc González exhortó a la comunidad que tengan conocimiento de las supuestas afectadas, presentar las pruebas ante el Ministerio Público.
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Simultáneamente, la entidad de derechos humanos ha solicitado mediante oficio al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social en un plazo no mayor de 24 horas todo lo relacionado a las supuestas intervenciones médicas.
Durante la gira a Charco La Pava, la comitiva de la Defensoría del Pueblo, también inspeccionó el puesto de salud para corroborar que se estén dando las atenciones oportunas a los niños afectados por Leishmaniasis, constatando la existencia de medicamentos y que este martes el médico los atenderá.