El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) ha pedido una investigación y auditoría en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) tras la reciente divulgación de una lista de beneficiarios de auxilios económicos, incluyendo funcionarios públicos y miembros de la sociedad en general.
En un comunicado emitido el miércoles 10 de abril, el SIP expresó su preocupación por lo que considera una posible crisis debido al presunto mal uso de los recursos estatales. “Es esencial llevar a cabo una investigación exhaustiva y una auditoría de todos los programas de auxilio económico otorgados en los últimos años”, destacó el comunicado.
El sindicato también enfatizó la importancia de la transparencia en el proceso de adjudicación de estos auxilios económicos, exigiendo que los expedientes de los beneficiarios sean públicos sin excepciones y que los criterios utilizados sean justos y claros.
Además, el SIP hizo un llamado a la Contraloría General de la República para que ejerza su función de fiscalización y control sobre el manejo de los fondos y bienes públicos.
El gremio industrial también solicitó al próximo gobierno electo en mayo revisar las leyes que rigen el Ifarhu con el objetivo de adaptarlas a las necesidades actuales del país y eliminar cualquier discrecionalidad en la asignación de recursos.
Recientemente, el periódico La Prensa publicó una base de datos interactiva que revela los nombres de 2,144 beneficiarios del programa de auxilios económicos del Ifarhu, representando un gasto de $141.6 millones entre julio de 2019 y mayo de 2023. Se destaca que esta lista no incluye todos los beneficiarios, ya que hay otros 2,759 desembolsos cuyos beneficiarios se mantienen en secreto.
El llamado del SIP refleja la preocupación pública sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos públicos, instando a acciones concretas para asegurar una administración más eficiente y responsable de los recursos destinados al bienestar social y educativo en Panamá.