Por segundo día consecutivo la Fiscalía de Familia logra que un juez de garantía impute en la audiencia a una trabajadora social del departamento de Protección de la Senniaf por la presunta comisión del delito de maltrato al menor en la investigación que hace el Ministerio Público por las denuncias de abusos contra dos menores que estaban en el albergue Vida Libre en Las Garzas.
Aurelio Vásquez, fiscal de Familia manifestó que además, la juez ordenó la medida cautelar de detención provisional para la funcionaria, por el temor que existe en la destrucción de pruebas.
El martes 4 de mayo, un exservidor público de la entidad fue imputado por el mismo delito, pero enfrenta las medidas cautelares de no acercarse a la dirección general de la entidad, regionales, impedimento de salida del país y reporte de todos los viernes de cada semana.
Vásques manifestó que la imputación se da, porque la fiscalía logró evidenciar el grado de responsabilidad en el hecho de colocar a menores de edad en centros de rehabilitación para adultos.
El fiscal aseveró que los trabajadores sociales en esta entidad tiene la obligación de promocionar y prevenir la puesta en riesgo de los menores, ellos son el enlace entre la institución y los albergues para atender a los menores.
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Esta investigación comenzó de oficio para el Ministerio Público en septiembre de 2020, por el ultraje sexual contra dos menores que ingresaron en el centro de rehabilitación en marzo 2020 y el otro 9 de mayo de 2020. También hay otra fiscalía investigando la conducta se los servidores públicos al no ser garante de los menores, indicó Vásquez.
Hay varias carpetas que se involucra a varios albergues, otra carpeta donde se vincula un albergue en Tocumen y hay carpetas que llevan otras fiscalías por delitos sexuales, y otras anticorrupción y la fiscalía de Familia, aclaró el fiscal.