La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), ha pedido la anulación de los acuerdos millonarios que fueron aprobados por los gerentes y directivos de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa), calificándolos de “abusivos”. Estos acuerdos involucran casi $1 millón.
TI ha señalado que es necesario que las personas responsables de proteger los fondos públicos rindan cuentas y se cambien los procesos que han fallado. Además, han acusado a la Contraloría General de la República de no haber supervisado adecuadamente la administración anterior.
La organización ha destacado que la Contraloría debe cumplir con su deber de fiscalización y dejar de lado prácticas permisivas que han permitido el mal uso de los fondos públicos. TI ha pedido que no solo se anulen estos acuerdos, sino que también se responsabilice a todos los implicados en la falta de protección de los recursos del Estado.
La reacción de TI se produce después de que se informara que el gerente general de Etesa, Carlos Mosquera, recibirá una indemnización de $249,195.96. Mosquera tiene un salario mensual de $14,315.22, más del doble del sueldo del presidente de la República.
@LibertCiudadana espera que anulen esos mutuo acuerdos, que la cadena de responsabilidad que falló en su deber de proteger los fondos públicos rinda cuentas, revise y cambie los procesos fallidos.
— Libertad Ciudadana (@LibertCiudadana) June 25, 2024
Además, evitar los abusos y la ausencia de fiscalización por @ContraloriaPma pic.twitter.com/aVX45nNfkM
Otros funcionarios también recibirán sumas considerables: Óscar Rendoll, subgerente general, recibirá $306,615; Pablo Castrejón, director de Finanzas, espera una liquidación de $116,577.53; Ramón Palacios y Zorina Carles, directores de Asesoría Legal y de Servicios Corporativos, recibirán $119,366.94 y $91,068.11, respectivamente.
TI ha resaltado que, aunque Etesa es una empresa estatal, estos nombramientos políticos son esencialmente contratos temporales. Además, el presidente electo José Raúl Mulino ha señalado la importancia de distinguir entre lo legal y lo justo en este caso, instando a la Contraloría a cumplir con su deber de supervisión.
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Finalmente, TI ha enfatizado la necesidad de evitar futuros abusos y asegurar una fiscalización efectiva por parte de la Contraloría para garantizar una gestión transparente y responsable de los fondos públicos.
Información publicado en prensa.com por Ereida Prieto-Barreiro