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Transportistas y el Gobierno se reúnen, acuerdan conformar mesa de trabajo

Analizarán fallo que permite a usuarios pagar en efectivo por el servicio de Uber

Por Sonia Navarro

Reunión de transportistas y el Gobierno /Cortesía Mingob

Transportistas de una 19 organizaciones de todo el país se reunieron con el ministro de Gobierno, Carlos Romero y el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Miguel Martínez para conversar sobre un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró parcialmente ilegal el Decreto Ejecutivo 331 de 31 de octubre de 2017 que prohibía el pago en efectivo y limitaba el servicio de transporte a través de las plataformas electrónica en algunas provincias.

Los representantes de las organizaciones de transportistas acordaron con el Gobierno conformar una mesa de trabajo para revisar el fallo y luego darán a conocer el resultado de las reuniones, según informó el director de la ATTT Miguel Martínez.

Dirigentes transportistas /Cortesía Mingob

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El dirigente Rafael Reyes indicó que mientras que el fallo no se publicado en Gaceta Oficial, las plataformas tecnológicas no pueden cobrar en efectivo.

La Cámara Nacional del Transporte acudió en horas de la mañana del lunes 6 de enero de 2019 a la CSJ donde solicitó una aclaración de la sentencia que resuelve una demanda de nulidad interpuesta por el abogado Jaime Molino,en diciembre de 2017, actuando en nombre y representación de la Asociación de Consumidores Libres.

Ministro Romero y Director de la ATTT / Cortesía Mingob

El fallo que tuvo como ponente al ex magistrado Abel Zamorano reconoce el derecho que tienen los consumidores a recibir servicios de calidad y la libertad del consumidor de elegir y que la actividad sea prestada con igualdad de condición y acceso, lo que se traduce en que los servicios públicos deben ser iguales para todos los individuos y ante la modalidad de lujo de este servicio, no puede limitarse a aquel que lo requiera y tenga capacidad de costearlo.

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La Sala Tercera de la CSJ, también declaró que es ilegal la disposición que prohíbe la prestación del servicio de transporte de las plataformas tecnológicas fuera de las provincias de Coclé, Colón, Panamá y Panamá Oeste.