El sector agrícola de Panamá desempeña un papel fundamental en la economía del país y en la seguridad alimentaria de su población. Este sector no solo contribuye significativamente al Producto Interno Bruto (PIB), sino que también genera empleo para una gran parte de la población rural e indígena. En el ámbito del comercio, Panamá participa en diversos acuerdos y convenios para la comercialización de productos agrícolas, siendo uno de los más importantes el Tratado de Promoción Comercial (TPC) firmado con los Estados Unidos.
El TPC, que entró en vigor el 31 de octubre de 2012, incluye un artículo específico que establece la revisión de la implementación y operación del comercio de mercancías agrícolas en el año 14 después de su entrada en vigor, es decir, en 2026. Esta revisión se considera esencial para evaluar y ajustar las condiciones del tratado, especialmente en lo que respecta a los productos agrícolas.
El sector agrícola panameño ha manifestado la necesidad de realizar esta revisión y, posteriormente, renegociar el tratado para establecer nuevas condiciones que no perjudiquen la producción agrícola nacional. Sin embargo, existe un reconocimiento general de las dificultades que implicará persuadir a los Estados Unidos para renegociar un acuerdo que ha sido beneficioso para ellos.
Augusto Jiménez, productor de Tierras Altas, expresa sus dudas sobre la disposición de los Estados Unidos a renegociar el TPC, señalando que la palabra “revisión” puede ser una cortina de humo, ya que existen irregularidades en las normas de calidad de los productos importados debido a la falta de un reglamento técnico adecuado. Ejemplos de estos problemas incluyen la comercialización de carne congelada sin un control adecuado del tiempo de almacenamiento.
Panamá, aunque cumple con algunos reglamentos técnicos a nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para productos como la papa y la cebolla, carece de reglamentos técnicos para otros rubros sensitivos como el arroz, la carne de res, pollo y cerdo, maíz y leche. Jiménez subraya la importancia de contar con herramientas reglamentarias robustas para proteger la calidad de los productos agrícolas nacionales y garantizar la seguridad alimentaria.
En 2022, la Cancillería panameña envió notas formales a autoridades estadounidenses expresando la intención de ajustar los mecanismos del TPC en relación a rubros sensitivos. En 2023, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, y el presidente Laurentino Cortizo, llevaron a cabo reuniones con funcionarios de los Estados Unidos para abordar estas preocupaciones, pero hasta ahora no han logrado avances significativos hacia una renegociación.
En 2026, se prevé que la desgravación arancelaria alcance el 0% para productos como la carne de res deshuesada, maíz, carne de cerdo, leche y concentrado de tomate, lo que dejará a estos productos sin protección frente a las importaciones. La revisión estará a cargo de una Comisión de Revisión Agrícola que deberá elaborar un informe para las autoridades designadas de ambos países.
Antes de ser electo, el presidente electo José Raúl Mulino se reunió con representantes del sector agropecuario y firmó un compromiso para seguir una hoja de ruta que promueva la sostenibilidad y desarrollo del sector. Sin embargo, el gremio agrícola expresó su preocupación debido a la cercanía de Mulino con el expresidente Ricardo Martinelli, cuya administración se percibe como perjudicial para el sector primario.
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Jiménez enfatiza que la modernización de las instituciones relacionadas con el sector agropecuario, el cumplimiento de acuerdos de importaciones, la continuidad del Consejo de Cumplimiento y seguimiento de la Política Agroalimentaria de Estado (PADE), y la priorización de inversiones en el MIDA son esenciales para el desarrollo del sector. Además, destaca la importancia de implementar políticas públicas acordes con la realidad agrícola del país para garantizar la seguridad alimentaria.
La colaboración entre el sector público y privado, así como la alineación con normativas internacionales, será fundamental para enfrentar los retos del sector agrícola de manera integral. El nuevo gobierno deberá trabajar arduamente para proteger los intereses de los productores locales y asegurar que el TPC beneficie equitativamente a todas las partes involucradas.