El exjefe del Departamento de Compras, el exdirector Administrativo y el exdirector de Desarrollo Empresarial de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), durante la gestión de la ex administradora Giselle Burillo fueron condenados a 36 meses de prisión por el delito de peculado culposo.
Burillo, ex administradora de la AMPYME durante el gobierno del ex presidente Ricardo Martinelli, es mencionada en este caso, pero por ser diputada del Parlamento Centroamericano, el juez Enrique Pérez remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la que aún no se ha pronunciado.
La ex funcionaria saltó de las filas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) a Cambio Democrático (CD).
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Mediante Sentencia Mixta N°3, el Juzgado Decimosexto Penal de Panamá a cargo del juez Pérez declaró responsables a los exfuncionarios del delito de peculado culposo.
El Ministerio Público (MP), informó que los hechos se dieron en el período comprendido entre el 1 de septiembre del 2011 al 31 de diciembre de 2012, cuando la AMPYME, celebró 38 contratos menores con la empresa Grupo Orme S.A., para el servicio de movilización de plantas móviles a nivel nacional, dentro de lo cual se observó una serie de inconsistencias e irregularidades que ocasionaron una lesión al Estado por el monto de $.91,913.00.
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En el acto de audiencia ordinaria los días 2 y 3 de diciembre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga representada por la fiscal Jenisbeth Malek, solicitó sentencia condenatoria en contra de los procesados, por la comisión del delito de peculado, tipificado en el artículo 38 del Código Penal
La fiscal Malek argumentó que estas personas permitieron a través de la omisión de procedimientos y controles establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas, así como el Manual de Procedimientos de la AMPYME, la malversación de fondos de la institución a través del giro de órdenes de compra a favor de una empresa.
Así mismo, sostuvo que existen dos informes de auditorias de la Contraloría General de la República, que señalan un perjuicio económico a la AMPYME y que la conducta de los entonces funcionarios es reprochable, ya que se manifiesta la malversación de fondos por parte de funcionarios que tenían más de 9 años de experiencia y conocían la existencia de los controles internos.