El Estado de Panamá y las víctimas de la dictadura militar (1968-1989) firmaron un acuerdo destinado a reconocer la responsabilidad de actos criminales y compensar a los damnificados económicamente.
El pacto contiene medidas de satisfacción “muy importantes” como iniciativas para reconocer la responsabilidad por actos criminales, el proyecto para construir un monumento en memoria de los ejecutados y desaparecidos, así como medidas de compensación económica.
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Una de las partes signatarias es el Comité de Familiares Asesinados y Desaparecidos de Chiriquí (COFADECHI), que agrupa a víctimas de la dictadura militar que en 2003 pidieron ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el organismo reclamara al Estado panameño responsabilidad por los delitos cometidos.
En esa petición, se alegaba que en el "contexto de violencia y abuso de poder" de la dictadura militar, 109 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a elementos de las fuerzas de seguridad del Estado.
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Trece años después de esa petición, en 2015, la CIDH aceptó evaluar el caso y eso facilitó que las partes iniciaran de manera bilateral la negociación de un acuerdo de solución amistosa.
La Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ayudó con las reuniones de trabajo y brindó asesoría técnica a las partes para avanzar en el diseño del acuerdo de solución amistosa, que acabó suscribiéndose el 23 de mayo en la capital del país centroamericano.
En un comunicado, la relatora de la CIDH para Panamá, Flávia Piovesan, elogió la iniciativa tomada por el Estado panameño, pero le instó a que con la mayor brevedad inicie la ejecución de las medidas incluidas en el pacto, especialmente las provisiones que buscan el reconocimiento de responsabilidades.
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La dictadura militar panameña acabó el 20 de diciembre de 1989, cuando las tropas estadounidenses invadieron Panamá y capturaron a su “hombre fuerte” Manuel Antonio Noriega, fallecido en 2017 tras pasar más de 20 años en cárceles de EE.UU., Francia y Panamá por lavado de dinero del narcotráfico y delitos de lesa humanidad.