El Juicio por el caso New Business, por la compra de Editora Panamá América con presuntos fondos del Estado, terminó este viernes, 2 de junio tras los alegatos de la defensa, mientras la juez Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, informó que se acogerá al término que le permite la ley para decidir cuál será la sentencia de los involucrados.
La juez explicó que hay algunas pruebas que están en práctica y falta la transcripción del acto de audiencia, de todo lo que ocurrió estos días y que fue transmitido en directo por el Órgano Judicial.
El fiscal Emeldo Márquez aclaró que lo que sucede es que dentro del auto que autoriza las pruebas, hubo algunos defensores que solicitaron pruebas documentales, porque las presentaron en copias simples y pidieron que se oficiaran a las diferentes instituciones los documentos en originales.
También dijo, explica el fiscal, que a penas se dé la transcripción de todo el audio de la audiencia en que hemos estado procederá a dictar la sentencia.
La Fiscalía solicitó condena para 13 personas, entre ellas, el expresidente Ricardo Martinelli, por delito de blanqueo de capitales y solicitó absolución para dos, Jack Btesh Hazan y su hijo Salomón Btesh Btesh.
Los defensores de todos los imputados solicitaron en sus alegatos, una sentencia absolutoria para cadad uno.
A su salida de la audiencia, el fiscal Márquez se mostró seguro de que el Ministerio Público logró demostrar la comisión de un delito de blanqueo de capitales.
“A pesar de la labor que han realizado los abogados defensores, no han podido desvirtuar los planteamientos realizados por la fiscalía de los dineros que en grandes sumas fueron enviados a la cuenta canasta que recolectó los fondos para la compra del grupo editorial. Bajo esos parámetros esperamos que se vaya a dictar una sentencia condenatoria contra las personas que hemos pedido sean condenadas en esta audiencia”, dijo Márquez.
El fiscal explicó además que solicitó la sentencia en base a que consideran que es un delito continuado. “Esperamos que se imponga una pena ejemplar a estas personas que utilizaron fondos del Estado para la compra de un grupo editorial donde es una sola persona la que se ha beneficiado con esta situación”, concluyó Márquez.
De dictarse una sentencia de culpabilidad y de admitirse la consideración de delito continuado (que continuó con el tiempo), la pena aumentaría desde un tercio de la misma hasta la mitad, lo que quiere decir que en este caso “hay personas que podrían enfrentar hasta 18 años de prisión”.