El martes 17 de diciembre del 2019 ocurrió uno de los hechos más escabrosos de la historia carcelaria de Panamá. Una masacre que dejó 12 muertos y al menos 12 personas heridas.
Un año después de esta matanza ocurrida en el pabellón N°14 de la cárcel La Joyita, las investigaciones continúan y se está a la espera de que la Oficina Judicial del Órgano Judicial agende una audiencia para elevar el proceso a causa compleja, a petición del Ministerio Público.
El pasado mes de febrero un juez de garantías les formuló cargos a 12 privados de libertad por los delitos de homicidio agravado doloso y homicidio agravado en grado de tentativa. Las edades ellos están entre los 20 a 44 años. Solo uno está casado, cuatro están unidos y hay siete solteros.
De acuerdo con la Fiscalía de Homicidio/Femicidio del Área Metropolitana, lo que motivó este lamentable suceso fue la rivalidad entre pandillas, en donde la orden en su momento era matar a privados de libertad de Panamá Oeste y del corregimiento de Curundú.
Ese día se enfrentaron miembros de las pandillas “Bagdad” y “MOM”, quienes utilizaron fusiles AK-47, pistolas de calibre 9, 45 y 40 milímetros y de 22, además de cuchillos, palas y platinas para defenderse del infernal enfrentamiento que duró varios minutos.
Los hoy imputados ya estaban pagando condenas por los delitos de tráfico de armas, droga, secuestro y homicidio.
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Hasta el momento no se ha podido determinar cómo ingresaron dichas armas, ni tampoco hay policías o custodios investigados.
De los homicidios registrados desde el 18 de diciembre de 2019 a julio del 2020 en la provincia de Panamá Oeste, en más de 40 casos se ha obtenido información que conduce a establecer que guardan relación con la masacre de La Joyita.
Tomaron medidas
Según el Sistema Penitenciario, luego de lo ocurrido se reforzaron los puntos de acceso a los centros penitenciarios y los patrullajes en el área perimetral en coordinación con la Policía Nacional. Agregan que se está haciendo uso de la tecnología para evitar que sustancias ilícitas y artículos prohibidos ingresen a los centros penitenciarios. También se tiene un esquema desarrollado de trabajo en materia de controles para evitar que los centros penitenciarios sean vulnerables al crimen organizado.